Mediante Decreto Supremo N° 010-2012-MINAM, publicado el 19
de diciembre de 2012, se aprueba el Protocolo de Intervención Conjunta en las
Acciones de Supervisión y Fiscalización Ambiental Minera
("Protocolo") que tiene como finalidad la regulación del accionar
conjunto de las autoridades competentes en la supervisión y fiscalización de
las actividades de minería ilegal e informal.
De esta manera, las disposiciones del Protocolo resultan aplicables y de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas con competencias vinculadas a las mencionadas en el párrafo anterior, que participen en una intervención conjunta. Asimismo, si bien las acciones de fiscalización y supervisión se desarrollarán en el ámbito administrativo, el Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú podrán participar en las intervenciones conjuntas, cuando se requiera su presencia.
El Protocolo señala que las entidades competentes para la realización de las acciones de intervención conjunta son: (i) los gobiernos regionales; (ii) la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas; (iii) la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú - DICAPI; (iv) la Autoridad Nacional del Agua - ANA; (v) el Servicio de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP; y, (vi) otras entidades con competencias vinculadas a la fiscalización de actividades mineras.
Adicionalmente, se establecen lineamientos para los supuestos de intervención conjunta ordinaria e intervención conjunta extraordinaria, precisando una Estrategia de Coordinación y un Plan de Acción.
Finalmente, todas las acciones de supervisión y fiscalización se deberán desarrollar dentro del marco de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, y de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, teniendo en cuenta que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA se encuentra a cargo del seguimiento y control de las acciones de intervención conjunta.
De esta manera, las disposiciones del Protocolo resultan aplicables y de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas con competencias vinculadas a las mencionadas en el párrafo anterior, que participen en una intervención conjunta. Asimismo, si bien las acciones de fiscalización y supervisión se desarrollarán en el ámbito administrativo, el Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú podrán participar en las intervenciones conjuntas, cuando se requiera su presencia.
El Protocolo señala que las entidades competentes para la realización de las acciones de intervención conjunta son: (i) los gobiernos regionales; (ii) la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas; (iii) la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú - DICAPI; (iv) la Autoridad Nacional del Agua - ANA; (v) el Servicio de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP; y, (vi) otras entidades con competencias vinculadas a la fiscalización de actividades mineras.
Adicionalmente, se establecen lineamientos para los supuestos de intervención conjunta ordinaria e intervención conjunta extraordinaria, precisando una Estrategia de Coordinación y un Plan de Acción.
Finalmente, todas las acciones de supervisión y fiscalización se deberán desarrollar dentro del marco de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, y de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, teniendo en cuenta que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA se encuentra a cargo del seguimiento y control de las acciones de intervención conjunta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario